La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este sábado la suspensión inmediata de la deportación de un grupo de venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, retenidos en el centro de detención Bluebonnet, quienes serían enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo una controvertida ley de 1798. El tribunal exigió al gobierno abstenerse de expulsar a los detenidos —retenidos en Texas— hasta que se resuelva el caso.
Con una votación de 7-2, la medida temporal recibió el respaldo de la mayoría del tribunal, aunque los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito —reconocidos por su línea ideológica duramente conservadora— manifestaron su oposición. La resolución impone un plazo de espera obligatorio hasta que el Quinto Circuito, un tribunal federal de apelaciones, se pronuncie sobre el caso. Este fallo se produjo tras una petición urgente de organizaciones humanitarias que buscaban detener la expulsión de inmigrantes recluidos en una instalación de Texas.
Detrás de la medida
La decisión responde a un recurso de emergencia presentado por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que alertó que los migrantes estaban siendo trasladados en buses hacia aeropuertos sin oportunidad de defensa. La ACLU argumentó que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros —usada por última vez en la Segunda Guerra Mundial— viola derechos constitucionales.
La ley en cuestión
Esta norma de 1798 permitiría deportar a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua (una organización criminal venezolana) sin debido proceso. Sin embargo, abogados de los detenidos aseguran que muchos fueron señalados solo por tener tatuajes, sin pruebas de vínculos criminales.
Enfrentamiento institucional
La Corte ya había advertido este mes que los afectados por esta ley deben poder impugnar su expulsión. La semana pasada, ordenó repatriar a un salvadoreño deportado por error en marzo. No obstante, el gobierno de Trump insiste en su postura: “Si hay gente mala, serán expulsados”, declaró el mandatario, desafiando abiertamente al Poder Judicial.
¿Qué sigue?
El caso podría escalar a una crisis constitucional, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian que la medida sienta un peligroso precedente para el debido proceso migratorio. La Corte Suprema deberá resolver si la aplicación de esta ley colonial —diseñada para guerras— es válida en el siglo XXI.
